Este decreto, publicado este lunes en el Boletín Oficial, otorga al Ejecutivo la facultad de decidir qué información será considerada de interés público y, por lo tanto, accesible para los ciudadanos.

Esta nueva normativa limita drásticamente la capacidad de los ciudadanos, medios de comunicación y organizaciones para acceder a datos sobre la gestión gubernamental. Este movimiento sigue la línea de decisiones previas del Gobierno, como la controversia en julio pasado cuando se rechazaron solicitudes de información sobre los perros del presidente Milei en la Quinta de Olivos. En ese entonces, el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, calificó estas consultas como "banales" y las excluyó bajo el argumento de proteger la privacidad del Presidente.

El decreto, firmado también por Guillermo Francos, aunque reconoce los principios de transparencia y participación ciudadana, establece restricciones claras sobre lo que se divulgará como información pública. Por ejemplo, excluye datos sobre la vida privada del Presidente, como reuniones familiares o detalles sobre sus mascotas en Olivos, temas que previamente generaron debate público.

Además, el decreto prohíbe la difusión de documentos internos, tales como deliberaciones preliminares o notas personales, que ya no serán considerados documentos de Estado ni estarán sujetos a revisión pública. También se establece un blindaje de 10 años para información confidencial relacionada con defensa, política exterior, seguridad interior y para datos financieros gestionados por el Banco Central.

Un aspecto particularmente controvertido es la vaguedad en los criterios de "razonabilidad" que el Gobierno utilizará para mantener ciertos datos en secreto, lo que otorga una considerable discrecionalidad al Ejecutivo.

Estas restricciones representan un cambio drástico en la ley de acceso a la información pública, sancionada en 2016, la cual fue diseñada para fomentar la transparencia y el control ciudadano sobre la gestión pública. Dicha ley obligaba a los tres poderes del Estado, así como a otras instituciones que reciben fondos públicos, a responder a las solicitudes de información en un plazo máximo de 30 días.