El decreto 375/24 del Ejecutivo postergó hasta el 1 de junio la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, un cronograma establecido tras una postergación anterior ordenada por Sergio Massa, exministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández.

A partir de julio, la normativa vigente establece que los impuestos deben actualizarse según la inflación acumulada en el último trimestre de 2023 y el primero de 2024, siguiendo el Índice de Precios al Consumidor del INDEC. Esto resultaría en un incremento del 115% en el tributo, traduciéndose en una subida promedio del 18% en el precio de los combustibles en surtidores, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, donde el precio de la nafta súper alcanzaría los $1068. En el interior de la provincia de Buenos Aires, el porcentaje de incremento y el precio base suelen ser más elevados.

La anterior postergación de los incrementos se justificó por el impacto que un aumento de los combustibles tendría en la inflación. Esta preocupación persiste, ya que tras un semestre de baja inflación, el IPC alcanzó el 25% en diciembre. Un aumento en el precio de los combustibles podría provocar un rebote inflacionario.

El gobierno enfrenta la disyuntiva de permitir la normalización del sector o intentar frenar un aumento con impacto inflacionario. Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), si la actualización se realiza en julio, solo quedaría un incremento de $40 para recuperar el valor real del tributo según la ley 23.966.

Una vez recuperados los aumentos suspendidos, este tributo coparticipable de monto fijo se actualizará trimestralmente en enero, abril, julio y octubre, de acuerdo a la inflación del trimestre calendario anterior.