La Provincia de Buenos Aires transfirió la primera parte de los fondos previstos en la Ley N° 15.561 a los 135 municipios, por un total de $13.010 millones. Se trata de recursos no reintegrables y de libre disponibilidad, lo que otorga margen de decisión a cada intendente en un contexto fiscal ajustado. Este desembolso representa el 8% de un bono en pesos por hasta $232.338 millones.

El reparto se realizó mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), que pondera variables como población, capacidad tributaria y necesidades básicas. Bajo esta fórmula, los distritos más poblados concentran nuevamente los mayores montos. La Matanza encabeza la lista con $856,46 millones, seguida por Malvinas Argentinas ($412,78 millones) y La Plata ($412,39 millones). También figuran entre los principales receptores Lomas de Zamora ($396,61 millones) y Merlo ($385,17 millones).

En el extremo opuesto, los municipios de menor escala reciben transferencias sensiblemente más bajas. Tordillo obtuvo $8,23 millones, General Guido $12,12 millones y Lezama $15,12 millones, reflejando la lógica estructural del CUD, que tiende a reproducir la escala demográfica y fiscal de cada distrito. Intendentes de municipios chicos suelen cuestionar que el esquema no contempla con suficiente peso las rigideces presupuestarias ni las limitaciones para generar recursos propios.

En el caso de Necochea, el CUD asignado es de 0,71164, lo que se traduce en una transferencia de $92.580.000. Como ocurre con todos los distritos, se trata de fondos de libre disponibilidad enviados por la Provincia, sin afectación específica y sin obligación de reintegro. Esto abre un interrogante central: qué destino definirá el intendente Arturo Rojas para estos recursos, en un escenario donde conviven demandas de obra pública, presión sobre el gasto corriente y tensiones financieras acumuladas.

Los fondos provienen de la primera colocación de bonos realizada por la Provincia en el mercado local, lo que implica que parte del financiamiento subnacional se apoya en endeudamiento. En términos políticos, la ausencia de condicionamientos refuerza la autonomía municipal, pero también reaviva el debate sobre los mecanismos de control y la asignación final de los recursos.

La distribución vuelve a exponer una tensión persistente del esquema bonaerense: asistir financieramente a todos los municipios sin alterar —y en algunos casos profundizando— las desigualdades estructurales entre el conurbano y el interior.