El flamante Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma un nuevo y pesado dolor de cabeza en la Justicia. En medio de la polémica por el financiamiento de su vuelo privado a Punta del Este, la diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó este jueves una dura denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades millonarias en contrataciones públicas y en el manejo de la concesión del predio de Tecnópolis.
La presentación judicial apunta directamente a posibles delitos contra la administración pública, señalando un presunto entramado de empresas vinculadas que afectarían los principios básicos de competencia y transparencia del Estado.
El primer eje de la denuncia se centra en una millonaria licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios.
Según el escrito, se habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un jugoso contrato por más de $3.650 millones destinado al envío masivo de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.
La maniobra: La Justicia deberá investigar las marcadas variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas estrechamente relacionadas entre sí (como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.).
El perjuicio: De confirmarse estos vínculos societarios entre los oferentes, la denuncia advierte que se estaría configurando una grave "simulación de competencia" en claro perjuicio de las arcas del Estado.
Por otra parte, la denuncia de Pagano pone la lupa sobre un presunto (y multimillonario) conflicto de intereses en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis, gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que se encuentra bajo la órbita directa de la Jefatura de Gabinete.
Se trata de un negocio monumental estimado en más de $183.300 millones. En este marco, el escrito detalla conexiones comerciales sumamente delicadas:
El nexo familiar: Se menciona la relación directa entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti (esposa de Adorni), y empresas como Grupo Foggia.
Los beneficiados: Esta última firma se encuentra estrechamente vinculada a una de las empresas preseleccionadas para quedarse con la concesión del predio, junto a DirecTV Argentina.
Ante este complejo entramado de relaciones incompatibles con la función pública, la denunciante solicitó la apertura inmediata de una investigación penal y la producción de medidas de prueba. De avanzar la causa, los hechos podrían encuadrarse en delitos de extrema gravedad institucional:
Fraude contra la administración pública.
Negociaciones incompatibles.
Abuso de autoridad.
Asociación ilícita.
Enriquecimiento ilícito.