La directora de robótica y hardware de consumo de OpenAI, Caitlin Kalinowski, renunció a su puesto el 7 de marzo de 2026, tras expresarse en desacuerdo con los términos del reciente acuerdo entre la compañía y el Pentágono, según informaron Fortune y Reuters.

La decisión fue confirmada por la ingeniera a través de la red X y fue difundida por diversos medios internacionales. El acuerdo, firmado a finales de febrero, prevé el despliegue de modelos avanzados de inteligencia artificial en redes clasificadas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, reavivando el debate sobre el uso de inteligencia artificial en la defensa nacional y los límites éticos en la industria tecnológica.

Kalinowski explicó que su salida se vincula con desacuerdos con la rapidez y el alcance de la negociación, y expuso su preocupación ante el posible uso de la inteligencia artificial en vigilancia interna sin control judicial y en sistemas letales autónomos sin supervisión humana.

En su declaración pública, la exdirectora argumentó: “La vigilancia de estadounidenses sin supervisión judicial y la autonomía letal sin autorización humana son líneas que merecían más reflexión de la que tuvieron”.

En su mensaje, de acuerdo con Fortune, Kalinowski aclaró que su renuncia responde a principios, no a conflictos personales con la dirección de la compañía, y reafirmó su respeto profesional hacia Sam Altman y el equipo directivo.

El acuerdo entre OpenAI y el Pentágono se formalizó tras negociaciones con otras empresas tecnológicas; entre ellas, Anthropic, que rechazó participar ante condiciones similares por motivos éticos.

Según el medio financiero Bloomberg Línea, Anthropic se negó a autorizar el uso de sus sistemas de inteligencia artificial en tareas de vigilancia masiva o desarrollo de sistemas autónomos para defensa, lo que derivó en su exclusión de licitaciones federales y aceleró el acercamiento a OpenAI. Esta competencia remarcó las diferencias en políticas internas y criterios éticos sobre el desarrollo de tecnologías de impacto en defensa y seguridad.

La celeridad de la negociación generó alertas en distintos niveles. El director ejecutivo, Sam Altman, admitió en declaraciones a Fortune que el proceso fue “precipitado”. El reconocimiento avivó el análisis público sobre gobernanza, transparencia y las garantías éticas necesarias ante decisiones con posibles repercusiones en la seguridad nacional y los derechos civiles.