A partir de este martes comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario del transporte público en Necochea y Quequén. La actualización, aplicada desde las 8 de la mañana, fijó la tarifa plana en $1.296,67, mientras que la tarifa social quedó en $583,50 y el boleto obrero en $1.037,34. El aumento se enmarca en la normativa que habilita ajustes bimestrales según costos operativos y subsidios.

Pero la suba llega en un contexto que incomoda: el servicio funciona bajo una prórroga de la concesión, sin que se conozcan públicamente los términos, los controles ni las exigencias hacia las empresas prestatarias —Compañía de Transportes Necochea y Micro Ómnibus Nueva Pompeya—, que mantienen la operación mientras se espera una nueva licitación largamente demorada.

Según adelantó el Ejecutivo, el expediente para llamar a concurso “bajaría esta semana” al Concejo Deliberante. Sin embargo, no hay precisiones sobre plazos, condiciones técnicas, criterios de evaluación ni mecanismos de participación ciudadana. La indefinición se vuelve más evidente frente a un sistema que arrastra quejas por frecuencias irregulares, unidades deterioradas y recorridos que no siempre responden a la demanda real.

En este escenario, el aumento del boleto vuelve a poner el foco en la falta de un marco contractual actualizado. Los usuarios pagan más, pero siguen viajando en un servicio que opera sin una licitación vigente y sin un plan claro de mejora. La actualización tarifaria, aunque prevista por normativa, se superpone con un vacío político y administrativo que ya lleva años.

Mientras tanto, los beneficios de la tarifa social y el boleto obrero continúan vigentes para quienes están registrados, pero no alcanzan a compensar la sensación generalizada: el transporte público local sigue siendo un sistema caro, poco confiable y sin horizonte definido.

La discusión que llega al Concejo será clave. El aumento ya está aplicado; lo que falta saber es si la futura licitación logrará, por fin, ordenar un servicio que hoy avanza por inercia.