Lo que se anunciaba como un "hecho histórico" terminó en un escándalo judicial. Esta tarde, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Necochea hizo lugar al recurso de amparo y suspendió oficialmente la subasta del Complejo Casino, que estaba prevista para el próximo miércoles.

La decisión del juez Carlos Herrera es un golpe durísimo para la gestión del intendente Arturo Rojas, que había puesto todo el aparato municipal y mediático al servicio de esta venta exprés. El fallo se basa en "irregularidades detectadas en el proceso", validando las denuncias que venían realizando distintos sectores de la oposición y la comunidad.

Flojo de papeles: Los fundamentos del fallo

La Justicia le dio la razón a la ingeniera Susana Laborde, quien había solicitado la medida. Entre los argumentos principales, el juez destacó la "inexistencia de la información correspondiente al proceso".

Esta información había sido requerida formalmente a principios de diciembre, pero el Ejecutivo municipal la desestimó sistemáticamente, incluso antes de que el Concejo Deliberante aprobara de apuro —y bajo fuerte presión política— la ordenanza que habilitaba el remate a fines del año pasado.

Presión mediática y un solo oferente sospechoso

El fallo llega tras días de máxima tensión, en los que el municipio desplegó una feroz campaña de desprestigio contra Laborde, su abogado Juan Pablo Molina y hasta contra el propio juez Herrera. La presión mediática, sin embargo, no logró torcer el rumbo judicial.

La suspensión expone la maniobra: la gestión Rojas aspiraba a entregar el complejo a la mitad del valor tasado en 2020. Todo esto se agravó este mismo viernes, cuando se confirmó que un solo oferente ("A Toda Vela S.A.") se había presentado a último momento, transformando la supuesta subasta en una venta directa encubierta.

¿Final penal para los funcionarios?

La decisión judicial abre ahora un escenario mucho más complejo y peligroso para el oficialismo. Según trascendió, el intento fallido podría desencadenar procesos penales contra los máximos responsables de la iniciativa.

El intendente Arturo Rojas y su secretario de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis, principales impulsores de la subasta, podrían enfrentar cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público y otras figuras delictivas. La sospecha principal es que todo el movimiento se realizó a sabiendas de las irregularidades, lo que, de comprobarse en un juicio, podría llevar a penas de prisión para los imputados.

El "procedimiento histórico" ha quedado congelado, y ahora es la Justicia Penal la que podría empezar a pedir explicaciones.