Un error monumental en la cifra impresa, en donde debía figurar el valor real de la subasta —$4.878.000.000— , el cartel oficial municipal consignó apenas $4.878.000, una diferencia que transforma un patrimonio estratégico en una ganga ficticia.

El monto correcto, convertido al dólar blue vigente ($1.450), equivale a unos USD 2.759.000. La cifra errónea, en cambio, sugería un valor de apenas USD 3.360, un despropósito que difícilmente pueda explicarse como un simple descuido administrativo.

El episodio no ocurre en el vacío. Se suma a una serie de irregularidades ya señaladas en informes periodísticos y documentos oficiales: pasos legales omitidos, expedientes incompletos, advertencias ignoradas y un proceso de subasta que avanza con más dudas que certezas. En ese contexto, el rol de  Povilaitis —responsable de revisar la legalidad y precisión de cada acto administrativo— vuelve a quedar bajo la lupa, mientras la conducción política de Rojas aparece cada vez más asociada a decisiones improvisadas.

Las consecuencias del error del cartel podrían ser significativas. No solo erosiona la confianza de potenciales oferentes en un proceso que ya venía debilitado, sino que también abre la puerta a impugnaciones formales por falta de claridad y transparencia. Además, obliga al municipio a revisar y eventualmente rehacer etapas del procedimiento, con el riesgo de generar demoras, costos adicionales y un nuevo manto de sospecha sobre la capacidad técnica del Ejecutivo para gestionar un bien público de alto valor. En un escenario donde no hay inversores inscriptos a pocos días del cierre, este tipo de fallas no hace más que profundizar la percepción de un proceso desordenado y vulnerable.

El error del cartel, lejos de ser un detalle menor, funciona como síntesis de un problema mayor: una gestión que, en lugar de despejar dudas sobre el futuro del Casino, las multiplica.