El ajuste fiscal, lejos de ordenar las cuentas, está erosionando la capacidad del Estado para sostener servicios básicos, transferencias a las provincias y políticas públicas mínimas.

Según datos oficiales, la recaudación cayó 7,8% interanual en términos reales, arrastrada por la baja de retenciones y de impuestos que Caputo impulsó desde diciembre. El IVA, principal tributo al consumo, se desplomó 11,3%, y Ganancias apenas creció 0,7%. La decisión de reducir las alícuotas de exportación —especialmente en el agro— implicó resignar más de 500 millones de dólares en ingresos para 2026, mientras que el esquema de “impuestos cero” aplicado en 2025 costó otros 1.400 millones.

Frente a este escenario, Caputo analiza postergar hasta 2028 la baja del impuesto a las Ganancias para empresas, una medida que había sido presentada como eje de su reforma fiscal. El giro revela que el espacio para seguir recortando se achica, y que el modelo empieza a chocar con su propia lógica.

Pero el problema no es nuevo. Caputo ya había sido protagonista de la mayor emisión de deuda externa en la historia argentina durante su gestión en 2018, cuando colocó bonos a cien años y dejó al país atado a compromisos impagables. Hoy, sin acceso a financiamiento genuino, vuelve a aplicar recetas que debilitan al Estado y comprometen el futuro fiscal.

Las provincias, mientras tanto, sufren el impacto directo: menos coparticipación, menos recursos y más responsabilidades. El ajuste nacional se traduce en recortes locales, y los municipios bonaerenses enfrentan un escenario de asfixia presupuestaria. El modelo Caputo, lejos de estabilizar, parece repetir los errores del pasado: endeudamiento, recortes sin planificación y una economía que no arranca.