La posible caída de la subasta del ex Casino podría reavivar tensiones políticas y dejar al descubierto a un municipio que, una vez más, mostraría dificultades para ordenar un proceso clave para el futuro de la ciudad. Aunque el juez aún no resolvió el planteo que cuestiona la legalidad del remate, la sola posibilidad de una suspensión ya habría encendido alarmas en el Ejecutivo y en la escena política local.

En este contexto, el intendente Arturo Rojas habría endurecido su discurso, apuntando contra la oposición y contra sectores que —según él— buscarían impedir que el municipio avance. Sin embargo, más allá de las acusaciones cruzadas, lo que podría quedar expuesto es un problema más profundo: la incapacidad del gobierno local para conducir un proceso transparente, sólido y jurídicamente inobjetable en torno a un bien patrimonial de enorme relevancia.

La tensión habría escalado cuando el propio Rojas expresó públicamente que esperaba que el juez Herrera “no dé lugar a este disparate”, en referencia a la presentación judicial. Ese tono confrontativo, lejos de aportar claridad, podría terminar evidenciando la fragilidad institucional con la que se habría manejado un expediente que requería extremo rigor técnico y político.

Si finalmente el remate se viera afectado, no sería un hecho aislado. Sería, más bien, otro capítulo dentro de una secuencia de improvisaciones, idas y vueltas, anuncios apresurados y falta de previsión. El municipio no habría logrado blindar jurídicamente el proceso, no habría anticipado objeciones previsibles y tampoco habría generado un consenso político mínimo para sostener una operación de alto impacto patrimonial y urbano. El resultado sería un escenario repetido: el Casino seguiría abandonado, la ciudad continuaría sin una definición estratégica sobre ese espacio emblemático y la gestión municipal quedaría atrapada en su propio laberinto.

A esto se suma un dato no menor: aún no se presentó ningún oferente, y el viernes es el último día para hacerlo. Si el proceso llegara a fracasar por falta de interesados, la responsabilidad política también recaería sobre la administración local, que no habría logrado generar condiciones atractivas ni previsibilidad para un proyecto de semejante envergadura.

Mientras tanto, la comunidad observa cómo un activo histórico podría seguir deteriorándose año tras año, sin que el gobierno local logre encauzar una solución duradera. La discusión pública se reduce a chicanas, declaraciones altisonantes y acusaciones de sabotaje, cuando lo que parece faltar es planificación, profesionalismo y liderazgo.

La eventual suspensión de la subasta no solo frenaría un proceso económico: volvería a poner en evidencia una gestión que reaccionaría más de lo que planifica, que se victimizaría más de lo que explica y que no conseguiría transformar un problema urbano en una oportunidad de desarrollo. El Casino, una vez más, podría quedar como símbolo de una administración que promete más de lo que concreta.