Este antecedente plantea un interrogante inevitable para Necochea, donde la presencia de estos vehículos en playas y espacios recreativos ha generado preocupación constante.

El fallo determinó que la falta de regulación, control y prevención por parte del municipio constituye una omisión grave cuando se trata de actividades que pueden derivar en lesiones o situaciones de peligro. En el caso analizado, la Justicia entendió que permitir la circulación de cuatriciclos y 4x4 en áreas no habilitadas, sin señalización adecuada ni fiscalización efectiva, vulnera el deber estatal de garantizar seguridad. 

Por ello, ordenó la prohibición inmediata en zonas críticas y exigió la elaboración de un plan integral de prevención con controles permanentes y sanciones claras.

En Necochea, la problemática tiene un correlato evidente. Cada temporada estival se repiten los reclamos por la circulación de cuatriciclos en sectores de playa donde conviven familias, deportistas y peatones. Aunque existen normativas vigentes, los controles suelen ser insuficientes y discontinuos, lo que genera un escenario de riesgo advertido por vecinos, guardavidas y actores vinculados al turismo. 

La presencia de vehículos 4x4 en áreas no autorizadas, especialmente en horarios de alta concurrencia, también ha motivado quejas y pedidos de intervención.

El antecedente judicial modifica el margen de acción del municipio. Si un vecino de Necochea decidiera judicializar un reclamo por la falta de control sobre cuatriciclos y 4x4, la Justicia podría exigir medidas inmediatas, desde la prohibición total en zonas sensibles hasta la implementación de operativos permanentes con personal capacitado. 

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Este escenario obliga a revisar el rol del Ejecutivo municipal. El fallo que originó el debate cuestionó la actitud pasiva del intendente involucrado, señalando que desatender una actividad riesgosa constituye una forma de incumplimiento. 

En Necochea, donde la convivencia entre vehículos recreativos y espacios públicos es un tema sensible, la gestión local enfrenta el desafío de anticiparse a un posible escenario judicial y demostrar que existe una política clara, sostenida y efectiva en materia de control.