El proyecto de enajenación del Complejo Casino de Necochea entra en una fase crítica. Tras su aprobación inicial —rodeada de polémicas por la celeridad del oficialismo—, el Concejo Deliberante comienza a tratar esta semana una serie de modificaciones sustanciales a la Ordenanza Nº 12.009/25.
El nuevo expediente (Nº 26.538) propone reconfigurar el "espíritu" de la subasta con las siguientes limitaciones:
| Punto a modificar | Condición Original | Nueva Propuesta (Modificación) |
| Plazos de Obra | Sin plazo específico de inicio. | El comprador debe iniciar demolición o restauración en máximo 180 días. |
| Transferencia | El Ejecutivo autorizaba la cesión del boleto. | Solo el HCD puede autorizar la transferencia de derechos a terceros. |
| Incentivos Fiscales | Exención de tasas por 20 años. | Se reduce a 15 años, es intransferible y solo para uso comercial/vivienda. |
| Uso del Dinero | Fondos generales del municipio. | Creación del "Fondo de Reparación Histórica" (100% para obras públicas). |
Esta es quizás la modificación más profunda. El dinero de la subasta ya no iría a rentas generales, sino que se crearía una Comisión de Seguimiento con representantes de todos los bloques políticos. Esta comisión decidirá qué obras y servicios públicos se priorizarán en el distrito, quitándole al intendente la discrecionalidad total sobre el uso de los millones resultantes.
A pesar de los cambios, el proyecto sigue sin resolver el tema de fondo: ¿qué se puede construir en el predio? Actualmente, el inmueble no posee indicadores urbanísticos definitivos (FOS, FOT, alturas).
El municipio se compromete en el Art. 25 a aprobar los indicadores que la Provincia valide en el futuro.
La controversia: Especialistas advierten que este "compromiso de legislar a futuro" podría ser inconstitucional, ya que una gestión actual no puede obligar a futuros concejales a votar de determinada manera, lo que podría derivar en la nulidad de todo el proceso.
Para evitar que el Casino sea comprado y quede abandonado durante años (especulando con el valor de la tierra), la nueva norma impone la pérdida de beneficios fiscales si no se inician tareas en el predio en los primeros 6 meses. Sin embargo, los críticos señalan que sin indicadores urbanísticos aprobados, ningún inversor serio iniciará obras si no sabe qué podrá construir finalmente.