Un informe del organismo auditor revela que durante 2023, bajo su gestión, se pagaron haberes a empleados ya dados de baja, se liquidaron bonificaciones sin respaldo legal y se desviaron millones en subsidios sin control. Los hechos no hablan de errores administrativos: hablan de una estructura política que Cáceres gestiona y mantiene operativa con fondos públicos.

El expediente 2-388.0-2023 del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires detalla pagos que viajan en una sola dirección: hacia adentro de una estructura política que se beneficia de fondos destinados a infancias. Cáceres, nombrada específicamente como responsable en varios de los pasajes más graves del informe, no aparece como una espectadora sino como una de las pilares de esta operación. Según el documento, quedó bajo su responsabilidad directa, junto a otros funcionarios, la supervisión de convenios con instituciones de abrigo, precisamente el terreno donde se detectaron las mayores irregularidades.

El presupuesto del OPNyA en 2023 fue de 33.460 millones de pesos. La auditoría constató que una porción significativa de esos fondos se desviaron hacia estructuras que responden a la propia gestión que encabeza este organismo.

Once empleados "dados de baja" que siguieron cobrando

Uno de los hallazgos más concretos es el pago de haberes a once agentes cesanteados, jubilados o en licencias sin goce de haberes. Estos trabajadores, formalmente desvinculados del organismo, continuaron percibiendo sueldos durante meses después de su baja. La mecánica es simple: alguien autorizaba el pago; alguien lo giraba; alguien permitía que el sistema administrativo lo permitiera.

Los casos detectados van desde Ignacio Barrena, que cobró casi 1.2 millones después de su baja en julio, hasta Julieta Analí Siley, que siguió percibiendo dinero dos meses después de su renuncia formalizada. En total, estos once casos sumaron millones en pagos irregulares. La pregunta que surge es obvía: ¿quién autorizaba que seguirían en nómina? La estructura de responsabilidades que describe el Tribunal de Cuentas apunta directamente hacia la gestión que Cáceres dirige.

Subsidios sin rendición

Otro mecanismo detectado es más sofisticado. El Tribunal encontró que se pagaron bonificaciones remunerativas a empleados que trabajaban treinta horas semanales, cuando la normativa del decreto 710/22 exige cuarenta. Diego Esteban Da Aacosta, Susana Laburu, Héctor Enrique Ledesma y otros recibieron montos anuales cercanos a los 956 mil pesos en conceptos que no tenían respaldo legal.

Pero hay más: bonificaciones por minoridad a agentes bajo la ley 10.579, también sin fundamento normativo. En 2023 estos pagos oscilaron entre 4,3 millones y 9,6 millones mensuales. Cáceres, como subsecretaria con responsabilidad directa en la gestión del OPNyA, tuvo que conocer estas liquidaciones. No se trata de detalles administrativos menores: son decisiones de gasto que alguien debe supervisar y autorizar. La responsabilidad del seguimiento de esas rendiciones recayó sobre los responsables por su falta de control efectivo.

51 millones en subsidios que nadie controló

El programa "Decisión Niñez" entregó 129 subsidios de 400 mil pesos cada uno, totalizando 51,6 millones. El problema: una parte de esos fondos nunca fue rendida dentro del plazo legal de 180 días. Beneficiarios como Mariana Santos, Lucas Javier García, Raúl Esteban Navarro, Rosana Ayelén Díaz y otros quedaron "con rendiciones demoradas", según el eufemismo oficial.

Cáceres, como subsecretaria responsable de la gestión de políticas de minoridad, mantuvo en su estructura los servicios zonales que debían fiscalizar esas rendiciones. El Tribunal de Cuentas señaló expresamente que fallaron en ejercer "control efectivo". Un fallo que no es casualidad. En una administración donde el dinero fluye hacia dentro, hacia los propios, los controles desaparecen por diseño, no por incompetencia.

Convenios irregulares y sin papeles en regla

El Tribunal también observó irregularidades en convenios con hogares convivenciales. Si bien muchos fueron regularizados después, quedó firme la observación contra la asociación civil MANU (Mucho Amor Nos Une), que no contaba con acto administrativo aprobatorio. Cáceres aparece nombrada como responsable directa de esta supervisión. Por estas irregularidades quedaron bajo responsabilidad directa Germán Leonel Urman, las subsecretarias Mariana Silvia Fiamingo y Andrea Cáceres, y los exdirectores provinciales María Tatiana Farías y Nicolás Alejandro Carivenc

La confirmación del fallo

El 20 de noviembre, el Tribunal de Cuentas confirmó todas las irregularidades. No encontró recupero de fondos y dejó bajo responsabilidad directa a las autoridades del organismo. Para Cáceres, la confirmación del fallo significa que las irregularidades quedaron firmes, los fondos no fueron recuperados, y su responsabilidad está documentada en el expediente.

Lo que emerge del informe del Tribunal de Cuentas no es una serie de errores dispersos sino un patrón: empleados que cobran sin trabajar, bonificaciones que no existen legalmente, subsidios que no se controlan, convenios que operan en la penumbra administrativa. Son los modos de una red que se sostiene a sí misma, que se reproduce usando fondos destinados a niños y adolescentes.
Andrea Cáceres no es una funcionaria atrapada en una crisis administrativa que la desbordó, son decisiones que ella autorizó para mantener una estructura.

El Tribunal de Cuentas ya notificó a los responsables.