La funcionaria dejará su cargo en los próximos días para asumir la banca de Diputada Nacional para la que fue electa, cumpliendo así con su "vocación política" y el lineamiento del Frente Renovador.
“Mi renuncia es inminente porque voy a ocupar el cargo para el que fui elegida,” afirmó López ante la prensa.
Aunque circulan especulaciones, aún no hay definiciones certeras sobre quién será su reemplazo al frente del Consorcio.
López asumió la presidencia en un contexto financiero difícil, marcado por la sequía que afectó la actividad. Recordó que el pasivo financiero del Puerto había alcanzado los $3 millones de dólares, aunque lo atribuyó al impacto climático y no a problemas de administración previos.
Al dejar el cargo, la funcionaria presenta una situación económica completamente transformada:
Saneamiento Financiero: Se creó un fondo anticíclico depositado en el Banco Provincia para afrontar eventuales contingencias, garantizando la estabilidad del organismo.
Récords Operativos: La gestión arrojó un balance positivo con dos récords de exportación seguidos y la consolidación de Puerto Quequén como el puerto de ultramar más rápido y profundo del país.
A lo largo de sus $19$ meses, López se destacó por enfocar la gestión no solo en la cadena agroexportadora, sino en la comunidad circundante.
La funcionaria valoró su rol en cambiar la percepción pública del ente: “La gente nos asociaba más a la comercialización de granos que a los servicios que se prestan desde acá”.
Entre los programas de desarrollo impulsados, se encuentran:
"Puerto Participativo" y "El Puerto va a la escuela".
Sponsoreos a atletas de alto rendimiento.
Foros para mujeres emprendedoras MDR.
Jimena López no solo deja la marca de ser la primera mujer en ocupar el puesto en la terminal local, sino por haber presentado una perspectiva diferente sobre los servicios que una empresa portuaria puede ofrecer directamente a la vida de los vecinos.
López confirmó que la licitación de Terminal Quequén fue postergada por 180 días. Explicó que la extensión de la negociación con las cerealeras estuvo vinculada a su función de defender los intereses del gobierno provincial.