Mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, las instituciones educativas de gestión privada quedan eximidas de informar con anticipación los valores de cuotas y matrícula y ya no necesitarán contar con el aval del Estado para fijarlos.

Alcance de la Derogación

Se derogó específicamente el Decreto 2417/1993, que imponía las siguientes obligaciones:

• Notificación Anticipada: Obligaba a las instituciones a notificar a las familias y a las autoridades nacionales el importe de matrícula y cuotas antes del 31 de octubre de cada año (plazo que recientemente se había extendido hasta el 15 de noviembre).

• Acuerdo con Padres: Exigía el acuerdo de padres o tutores respecto a los nuevos aranceles, y si no había entendimiento, se mantenían los valores vigentes.

Argumentos del Gobierno para la Desregulación

El Ejecutivo argumentó que la normativa eliminada generaba efectos contraproducentes y estaba desactualizada:

• Limitación y Viabilidad Económica: La norma presentaba "limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos [...] a las realidades educativas y económicas del país".

• Contexto Normativo Antiguo: El decreto de 1993 fue dictado cuando la administración de la educación estaba bajo la órbita nacional, una situación que cambió con la transferencia de esta competencia a las provincias (Principio Federal).

• Incertidumbre y Precios Altos: El Gobierno sostuvo que la obligación de pedir autorización previa obligaba a los institutos a fijar "cuotas más elevadas de lo necesario por temor" a costos no cubiertos, lo que perjudicaba a las familias.

• Precarización Educativa: El carácter fijo de las tarifas podía llevar a una precarización, ya que los establecimientos no podían responder a las variaciones en los costos (salarios, insumos).

• Defensa de Derechos: Se argumentó que el control constreñía el derecho de propiedad de las entidades privadas a fijar sus condiciones de contratación, y que el principio de libre contratación debe ser resguardado en el marco de una "competencia leal y en función de las demandas del mercado".

Con esta medida, la administración de Javier Milei busca otorgar mayor libertad de gestión y adaptación económica a los establecimientos privados.