

El proyecto, impulsado por la diputada de Desarrollo y Coherencia, Marcela Pagano, obtuvo una amplia mayoría con 119 votos afirmativos, 67 negativos y ocho abstenciones.
Pagano, exdiputada libertaria, fundamentó el proyecto señalando la inconstitucionalidad de la medida firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Según su postura, el decreto es "ilegal" porque la ley ya había cumplido con todos los pasos constitucionales para su promulgación automática:
"Ambas cámaras la aprobaron, luego se vetó y ambas cámaras después insistieron. No requiere más trámite para ser promulgada y no debe ser discutido ningún tipo de suspensión", sentenció Pagano.
La diputada criticó duramente el uso del decreto para anular una ley sancionada por el Congreso: "¿Para qué debatimos leyes si después por un decreto se habilita la suspensión? ¿Para qué juramos la Constitución si después vamos a permitir que se desobedezca?".
Pagano concluyó que la suspensión no es un "tecnicismo", sino un "avasallamiento a la institución del Congreso" y una "afrenta a la soberanía de la República".
La diputada también aprovechó para recordar que no pudo discutir este tema en el presupuesto porque el expresidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, "no nos permitió".