

La presentación judicial se basa en las declaraciones de Milei, quien se adjudicó haber tomado una decisión que corresponde exclusivamente al Poder Judicial.
Delito Invocado: Abuso de autoridad, tipificado en el Artículo 248 del Código Penal argentino, que castiga al funcionario público que dicta “resoluciones contrarias” a la Constitución o a las leyes, o que no ejecuta las leyes cuyo cumplimiento le incumbe.
Argumento Legal de Dalbón: Según el letrado, la frase “Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa” no es una opinión política, sino la “admisión de un acto de poder ilegal”.
Violación Constitucional: Dalbón argumenta que, al arrogarse la facultad de encarcelar a una dirigente, el Presidente se coloca “por encima de los jueces”, violando el Artículo 109 de la Constitución Nacional y la división de poderes.
El abogado de la ex presidenta sostiene que las palabras de Milei constituyen una confesión de la existencia de lawfare (utilización de instrumentos legales con fines de persecución política):
“Cuando Milei dice que él metió presa a Cristina, confiesa algo gravísimo: Que el lawfare existió, que la persecución fue política, y que él la avala.”
Dalbón concluyó que esta confesión demuestra que “el poder ejecutivo y el poder judicial actuaron en forma conjunta” para afectar el debido proceso. El objetivo final de la denuncia es, además de sancionar el delito, defender el Estado de Derecho y utilizar esta "confesión" como argumento para la anulación definitiva de la sentencia contra Cristina Kirchner, reafirmando que ella es una "presa política".