

Milei criticó duramente lo que llamó "años de garantismo" y la "doctrina Zaffaroni", la cual, a su juicio, invirtió la carga de la prueba al considerar al victimario como una víctima de la sociedad.
"Años de garantismo se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las Fuerzas de Seguridad, a los jueces y a los fiscales," remarcó.
El Presidente envió un mensaje directo al Congreso, donde la oposición tiene mayoría, condicionando la mejora de la seguridad a la aprobación de estas reformas:
"Depende de quienes estén sentados en las butacas del poder Legislativo, tengan la vocación de ponerse del lado de las víctimas y no del lado de los delincuentes. No hay puntos medios."
La ministra Bullrich brindó los detalles de la nueva normativa, destacando un aumento de penas en todos los delitos, especialmente en los graves:
Homicidio: Aumenta las penas del homicidio simple y eleva a 10 a 30 años los homicidios agravados, priorizando la vida como el "valor más sagrado".
Portación de Armas: La portación de armas sin permiso (incluyendo armas blancas) tendrá pena no excarcelable. La reincidencia será un agravante.
Hurto y Robo: Se busca terminar con la "vergüenza" del hurto, con penas de hasta 3 años. El robo de celulares o pertenencias (afectando la intimidad) tendrá penas de 3 a 12 años, buscando que los delincuentes "no van a entrar y salir como sucede ahora".
Usurpación: La usurpación de propiedad privada se abordará con mayor celeridad, garantizando la restitución inmediata del inmueble a sus titulares.
Corrupción: Se elevan las penas por cohecho y delitos contra el Estado, con un enfoque en terminar con la impunidad, especialmente para altos funcionarios ("el que roba va en cana").
Delitos Complejos: Se agravarán las penas de todos los delitos complejos, como narcotráfico, trata de personas, crimen organizado y pornografía infantil.
Bullrich concluyó que con la reforma, el 82% de los delitos serán de prisión efectiva, cumpliendo la promesa de que "el que las hace las paga".
Dato de Color: Al acto asistió el diputado José Luis Espert, quien es actualmente el eje de críticas por los supuestos vínculos con un empresario ligado al narcotráfico, un hecho que la ministra Bullrich había exigido aclarar horas antes.