La sanción, calificada como durísima, se tomó tras los disturbios ocurridos durante el partido contra la Universidad de Chile. El ente rector del fútbol sudamericano no solo dio por terminado el encuentro con un empate 1-1, clasificando al equipo chileno, sino que también impuso una multa de 100 mil dólares y la obligación de jugar siete partidos internacionales a puertas cerradas.

La responsabilidad por la falta de seguridad recae en la dirigencia del club. A diferencia de lo que ocurre en las afueras, la seguridad interna del estadio está a cargo de personal privado contratado por la institución, no de la policía provincial. La ironía de la situación no pasó desapercibida, ya que Ritondo construyó su capital político bajo la bandera de la "mano dura" en seguridad.

El actual ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, señaló que videos del incidente muestran cómo se abrieron portones internos para que los hinchas de Independiente pudieran atacar a los visitantes. El escándalo se produce en pleno clima electoral y en un momento en que dirigentes del club como Ritondo sellaron alianzas con La Libertad Avanza, un espacio que tiene a la seguridad como su principal bandera.