El Gobierno Nacional, a cargo de Javier Milei, ha vuelto a establecer el monto del SMVM por decreto, una muestra más de la incapacidad del Consejo para el Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo de alcanzar un acuerdo. Esta imposición subraya una desconexión preocupante con las necesidades urgentes de la población.

El Salario Mínimo, garantizado por la Constitución Nacional, se supone que es el "piso de ingresos" que debe percibir un trabajador para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. Sin embargo, con un aumento que lo lleva a apenas $322.000 mensuales a partir del 1° de agosto de 2025, la denominación de "vital" suena a ironía. ¿Cómo se espera que una familia subsista con un ingreso que apenas cubre una fracción de la canasta básica, en un contexto de precios desbocados?

La palabra "móvil" que acompaña al concepto de Salario Mínimo también pierde todo su sentido. Se supone que debe ajustarse periódicamente para mantener el poder adquisitivo frente a la inflación. Pero con aumentos que pasaron de $302.600 en abril a solo $322.000 en agosto, la velocidad de ajuste es vergonzosamente lenta frente a la velocidad a la que se deteriora el valor real de los salarios.

Este "aumento" no solo deja a los trabajadores no comprendidos en convenios colectivos en una situación de extrema vulnerabilidad, sino que también establece un techo bajísimo para las negociaciones paritarias y afecta negativamente a las prestaciones de la ANSES que se rigen por este monto. En lugar de ser un piso de dignidad, el SMVM se convierte en un recordatorio constante de la precarización y la pérdida de poder adquisitivo que golpea a los bolsillos de la mayoría.