

El Gobierno argumentó un "costo fiscal exorbitante" de 17 billones de pesos y "vicios" en el procedimiento legislativo.
Mediante el Decreto 534/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo fundamentó su decisión en que las iniciativas eran "fiscalmente irresponsables" e incumplían la Ley de Administración Financiera al no especificar fuentes de financiamiento genuinas.
El Gobierno basó su rechazo en dos ejes principales:
Costo Fiscal "Exorbitante": Según el decreto, los tres proyectos implicarían un gasto adicional de más de $7 billones en 2025 y cerca de $17 billones en 2026. Esto equivaldría a casi el 1% del PBI para este año y al 1.68% para el próximo, lo que "dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales" y pondría en riesgo el "equilibrio fiscal innegociable" del gobierno.
Vicios en el Procedimiento Legislativo: El Ejecutivo argumentó que la aprobación en el Senado estuvo "viciada por graves nulidades". Señalaron que la sesión del 10 de julio se realizó sin la citación previa correspondiente y que el tratamiento de los proyectos se habilitó con mayoría simple cuando se requerían dos tercios, debido a una "ilegítima interpretación del Reglamento".
Jubilaciones: Proponía un aumento de emergencia del 7.2%, creaba un bono permanente de $110.000 (actualizable) y establecía transferencias a las cajas previsionales provinciales no transferidas.
Moratoria Previsional: Reinstalaba por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, permitiendo el acceso a la jubilación sin los 30 años de aportes efectivos, y flexibilizaba las condiciones para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Emergencia en Discapacidad: Declaraba la emergencia nacional en la materia hasta 2026, creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad y establecía una compensación económica de emergencia para los prestadores del sistema, entre otras medidas.
Tras este veto, la discusión regresará al Congreso, donde la oposición necesitará una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para poder insistir y convertir en ley los proyectos rechazados por el Presidente.