Este martes 29 de julio, representantes de gremios portuarios y la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jimena López, se reunieron para analizar las consecuencias del Decreto 37/2025. Esta normativa elimina la obligatoriedad de contratar serenos de buques, un trabajo privado que garantizaba la seguridad y la protección ambiental en los puertos. A partir de ahora, los armadores de los barcos ya no tienen la obligación de contratar a estos trabajadores, dejando a cientos sin empleo.

Responsabilidad y Reclamos a Nivel Nacional

Jimena López enfatizó que la responsabilidad de esta decisión recae enteramente en el gobierno nacional. “Este es un decreto firmado por la ministra Patricia Bullrich que suspende la obligatoriedad de contratar serenos. Lamentablemente, lo que está sucediendo con 16 familias de nuestra región es una decisión tomada en otro ámbito, y la solución también debe venir desde allí”, expresó López. La presidenta del Consorcio insistió en que el reclamo debe canalizarse a nivel nacional: “Es una medida de jurisdicción nacional y, por lo tanto, debe resolverse en ese nivel. La Provincia no puede modificar este decreto. He invitado en varias ocasiones a los gremialistas a dirigirse al Ministerio de Seguridad de la Nación”.

Impacto en la Seguridad y el Medio Ambiente

El Decreto 37/2025 no solo afecta a los trabajadores, sino que también compromete la seguridad de los buques y las instalaciones portuarias. Los serenos desempeñaban tareas clave como la vigilancia de los buques, el control de la carga y la prevención de derrames y accidentes ambientales. Darío Olivera, dirigente del Sindicato de Encargados y Apuntadores Marítimos, subrayó que la medida implica un ahorro para los armadores internacionales, pero un riesgo para la seguridad: “Esto no le cuesta un peso al Estado, lo paga el armador extranjero, y representa solo el 0.01% del costo operativo de un buque. El único que gana es el empresario extranjero, que ahorra mil dólares por barco”.

El S.U.S.B. (Serenos Unidos de Servicios de Buques) alertó que esta medida pone en riesgo el medio ambiente y la seguridad en los puertos. “No estamos defendiendo solo un trabajo, estamos defendiendo un sistema que garantiza vigilancia, control y prevención de derrames y accidentes”, advirtieron desde el gremio.

Próximos Pasos y Contexto Nacional

El conflicto se extiende a otras localidades portuarias como Mar del Plata y Rosario. Los gremios han solicitado al gobierno nacional la reapertura de canales de diálogo para reconsiderar la medida y encontrar alternativas que no perjudiquen a las familias ni comprometan la seguridad portuaria. En el puerto de Bahía Blanca, la presión del gremio SUPA logró que los armadores decidieran continuar con la contratación de serenos.

Jimena López concluyó la conferencia reiterando que el reclamo debe realizarse a nivel nacional. “Hoy, 16 familias en Necochea y 800 en todo el país están sin trabajo por una decisión del gobierno nacional”, enfatizó la funcionaria, dejando en claro que la responsabilidad y la solución a esta crisis corresponde a la jurisdicción nacional.