La transferencia de cápitas, que se produjo de manera "intempestiva", pone de manifiesto una disparidad crucial: el sistema privado local, según los referentes de la salud, tiene una capacidad significativamente menor que el sistema público. Esto implica que, lejos de una "liberación" como argumentan algunas posturas, la medida derivará en un encarecimiento de la prestación y obligará a los afiliados a tramitar el traslado de su cápita de regreso al hospital municipal para acceder a las atenciones que realmente necesitan.

Preocupación por el Impacto Económico y Sanitario

La semana pasada, el intendente Arturo Rojas mantuvo una reunión con representantes de los gremios de salud y trabajadores municipales para abordar esta preocupación. Gastón Díaz, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), expresó tras el encuentro: "Nos preocupa la reducción salarial para los trabajadores y, como ciudadanos, la atención de nuestros abuelos, que quedan desprotegidos". Según Díaz, el jefe comunal compartió el diagnóstico, calificando la decisión como "arbitraria y repentina" y con un "claro perjuicio económico" para el hospital y sus empleados.

Díaz no dudó en vincular la medida con una estrategia política del gobierno nacional: "Es parte de una avanzada para desfinanciar lo público y beneficiar a algunos privados, perjudicando como siempre a los trabajadores y a los afiliados de PAMI", sostuvo.

Riesgo de Desajuste en el Sistema de Salud Local

La preocupación no es solo gremial, sino también sanitaria. Matías Rizzo, representante local de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP), advirtió que el sistema privado no está en condiciones de absorber de inmediato a los 10 mil afiliados que eran atendidos en el nosocomio municipal. "Aunque se transfieran las cápitas, la gente seguirá yendo al Ferreyra, porque es el único centro que garantiza atención inmediata. Esto generará un fuerte desajuste en la salud local", explicó Rizzo.

El dirigente también remarcó que el dinero girado por PAMI al hospital tenía una función dual: no solo garantizaba la atención médica, sino que también contribuía a complementar los ya "magros sueldos" del personal de salud. "Los magros sueldos se complementaban con esa recaudación. Por eso, la preocupación es doble: afecta a un sector vulnerable de la comunidad y al salario de quienes la sostienen con su trabajo", detalló.

En la reunión, donde también participaron integrantes de ATE, se reafirmó la postura unificada de los sindicatos en defensa del sistema público y los derechos de los trabajadores. Desde el Ejecutivo local y las organizaciones gremiales coincidieron en la importancia de que la comunidad haga oír su voz para intentar frenar o mitigar el impacto de esta medida. Mientras tanto, el malestar crece entre los trabajadores y afiliados, quienes ven cómo una decisión administrativa sin consulta debilita los pilares de la salud pública local.