El proyecto, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por la propia empresa revela consecuencias alarmantes, indica que la maltería podría provocar:

• Daño irreparable en el cauce del río.

• Contaminación del aire por la emisión de gases y ruidos.

• Perjuicios en la tierra debido al descarte de agroquímicos y restos de semillas podridas, entre otros desechos.

Los vecinos del Paseo de la Ribera están particularmente inquietos porque la fábrica podría arruinar años de esfuerzo invertido en convertir el barrio en un atractivo turístico para Necochea. Si bien el proyecto promete una temporada de dos o tres meses de trabajo intenso y hasta 400 empleos temporales, este beneficio es considerado marginal frente al daño ambiental y turístico estimado.

Ante esta situación, los vecinos se están organizando y han celebrado reuniones con la intención de presentar alguna acción judicial, probablemente un recurso de amparo, para proteger el barrio y el río.

Han dejado en claro que no se oponen al desarrollo de la ciudad, a la creación de fuentes de trabajo ni a los beneficios potenciales de una maltería, pero sí exigen que, dado el daño que puede ocasionar en su ubicación actual, el proyecto sea trasladado a otra locación donde no se destruya un paseo turístico tan importante.

En el pasado, residentes de este mismo barrio lograron impedir la instalación de una planta separadora de residuos en uno de los accesos. La recurrente queja de los vecinos es la falta de planificación urbana que priorice la preservación de los espacios mejorados por la comunidad, utilizando excepciones para imponer proyectos que terminan siendo perjudiciales.

Hasta el momento, suman casi 100 los comentarios y objeciones públicas realizadas en el enlace habilitado para tal fin. La ciudadanía aún puede acceder al Estudio de Impacto Ambiental para conocer en detalle lo que la propia empresa admite sobre los posibles daños.

En Necochea, la posición oficial de las autoridades respecto a este desarrollo es desconocida. A pesar de que los defensores del proyecto señalan que se harán controles, hay una marcada desinformación sobre los funcionarios y oficinas públicas a cargo de tales supervisiones. En medio de esta situación, el debate crece y es muy probable que el futuro del proyecto se defina en la Justicia.