Shiraishi, de 34 años, fue sentenciado en 2020 por crímenes cometidos entre agosto y octubre de 2017. Las víctimas, ocho mujeres y un hombre de entre 15 y 26 años, fueron contactadas a través de Twitter (ahora X). La investigación judicial reveló que Shiraishi se ofrecía a ayudar a personas con pensamientos suicidas, para luego atraerlas a su domicilio en Zama, Prefectura de Kanagawa, donde las asesinaba y desmembraba.

Durante el juicio, Shiraishi se declaró culpable sin mostrar arrepentimiento, afirmando: "Sí, los maté, y no hay duda de eso". El caso conmocionó a la opinión pública japonesa por la brutalidad de los actos y el uso de plataformas digitales para captar a sus víctimas. Los cuerpos fueron desmembrados y ocultos en cajas y neveras portátiles en su pequeño apartamento. La policía descubrió los crímenes tras la denuncia del hermano de una de las víctimas, quien rastreó una conversación con el acusado en Twitter.

La Pena De Muerte En Japón: Un Debate Constante

La pena de muerte en Japón se aplica exclusivamente por ahorcamiento y se lleva a cabo en secreto. Los condenados son informados de su ejecución solo horas antes, una práctica criticada por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que la considera una forma de "tortura psicológica". Aunque la ley establece la ejecución en los seis meses posteriores a la sentencia firme, en la práctica suelen pasar varios años.

En diciembre de 2023, el Ministerio de Justicia informó que 107 personas se encontraban en el corredor de la muerte, manteniendo un régimen de aislamiento por años. Japón, junto con Estados Unidos, es uno de los dos países del G7 que aún mantiene la pena capital. Sin embargo, la sociedad japonesa muestra un alto respaldo a la práctica; una encuesta gubernamental de 2024 indicó que el 83% de los encuestados la considera "inevitable" para ciertos crímenes.

La última ejecución antes de Shiraishi fue en 2022, cuando se ejecutó a Tomohiro Kato por un ataque con vehículo y cuchillo en Akihabara en 2008 que dejó siete muertos. Otros casos relevantes incluyen la ejecución en 2018 del líder de la secta Aum Shinrikyo, Shoko Asahara, y 12 de sus seguidores, responsables del ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995.

El caso Shiraishi reabre importantes debates sobre la pena de muerte, la captación de víctimas vulnerables a través de redes sociales y la necesidad de una mayor vigilancia sobre contenidos relacionados con el suicidio en internet.