

Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un escrito de 13 carillas poco después de conocerse el fallo de la Corte Suprema, pidiendo que se evite el paso de la ex mandataria por una alcaidía y se disponga directamente el arresto domiciliario.
La defensa fundamenta su pedido en la edad de Cristina Kirchner (72 años), los riesgos para su seguridad en base al atentado que sufrió en septiembre de 2022, y su condición de ex presidenta. Argumentan que dejarla en una cárcel común "de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida". Además, sostienen que un eventual traslado a una cárcel común derivaría en un "régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal".
Sobre el uso de la tobillera electrónica, los letrados la consideran "completamente innecesario" dado que la ex vicepresidenta cuenta con custodia las 24 horas, a pesar de que este dispositivo está previsto en la Ley de Ejecución Penal para los casos de prisión domiciliaria.
El juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, ha otorgado un plazo de cinco días hábiles a todos los condenados en la causa Vialidad para que se presenten en persona en Comodoro Py y queden detenidos. Asimismo, requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados para el alojamiento temporal hasta que se resuelvan los planteos de las partes.
Sin embargo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola han firmado un pedido de "inmediata detención" de la ex vicepresidenta, considerando excesivo el plazo otorgado, especialmente porque incluye un fin de semana y un feriado nacional. Esta divergencia de criterios entre la defensa y la fiscalía anticipa un nuevo capítulo de debates legales en el marco de la condena de la ex mandataria.