El legislador cordobés Oscar Agost Carreño impulsa una iniciativa crucial que busca revertir una "paradoja inaceptable": Argentina, uno de los mayores productores de alimentos del mundo, desecha anualmente más de 16 millones de toneladas de comida, mientras millones de personas sufren hambre y malnutrición. "Aún no tenemos una legislación que fomente el aprovechamiento de los excedentes", advirtió Agost Carreño, subrayando la urgencia de una ley que cambie esta realidad.

El proyecto, inspirado en experiencias exitosas de países como Francia, España y Dinamarca, se propone fomentar la responsabilidad social empresarial, la solidaridad y el desarrollo de una economía circular. Según el diputado, esta política pública no solo busca reducir el impacto ambiental, sino también amortiguar los efectos sociales del hambre, demostrando que "donar no puede ser más costoso que tirar".

Incentivos Fiscales Y Sello Distintivo Para Empresas Comprometidas

La propuesta de ley incluye medidas concretas para incentivar la donación y el aprovechamiento de alimentos:

• Incentivos Fiscales: Se contemplan beneficios como la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias y de las contribuciones patronales. El porcentaje del descuento varía según el tamaño de la empresa: 15% para micro y pequeñas empresas, 10% para medianas y 5% para grandes.
• Plataforma Nacional: Se creará una plataforma nacional para articular la redistribución de alimentos con organizaciones sociales y bancos de alimentos, facilitando que la comida llegue a quienes más la necesitan.
• Campañas de Concientización: Se promoverán campañas destinadas a sensibilizar a la población sobre el desperdicio de alimentos, fomentando buenas prácticas en supermercados, restaurantes y hogares, y educando sobre el consumo responsable en las escuelas.
• Uso Sustentable: La iniciativa también promueve el uso de alimentos no aptos para consumo humano, como la producción de compost, biogás o alimentos para animales.

Además, se estipula la creación de un sello distintivo para aquellas empresas "comprometidas con el aprovechamiento de alimentos", que podrán acceder a beneficios concretos como prioridad en contrataciones estatales o créditos con tasas preferenciales. Este sello reconocerá a las compañías que donen regularmente sus excedentes, implementen estrategias de reducción de desperdicio y capaciten a su personal en consumo responsable.

Medidas Correctivas Para Combatir El Descarte Injustificado

El proyecto de ley no solo ofrece incentivos, sino que también prevé "medidas correctivas" para aquellos establecimientos que destruyan o desechen alimentos aptos para el consumo sin justificación. Ante faltas leves, las empresas recibirán una advertencia con asesoramiento sobre alternativas al descarte. En casos de persistencia o mayor gravedad, se establecerá un sistema de multas, cuya graduación dependerá de la conducta, la recurrencia, la cantidad desperdiciada y otros requisitos que imponga la reglamentación.

"La idea no es solo evitar el desperdicio. Es impulsar una economía circular y reconocer a quienes se comprometen con una forma más responsable de producir, vender y consumir", enfatizó Agost Carreño, buscando generar un cambio cultural profundo en la relación del país con sus alimentos.